CONCEJAL MARIO PASCUAL PRESENTÓ JUNTO A ABOGADO SOLICITUD EN CONTRALORÍA PARA QUE SE INVESTIGUEN, SEGÚN ELLOS, IRREGULARIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL EN LA TRAMITACIÓN DE PERMISOS AMBIENTALES DEL PROYECTO ISLA RIESCO.
Fuente www.radiopolar.com 05/10/10
El concejal Mario Pascual y el abogado Oscar Gibbons presentaron este jueves ante la Contraloría la solicitud de investigar respecto a la actuación del Seremi de Energía, René Ampuero, en torno a sus declaraciones sobre el Proyecto Minero Mina Invierno, si esto responde a un mandato en el Gobierno Regional en cumplimiento de metas del Plan Magallanes y si este mandato del Gobierno Regional es también mandato nacional ya que dicho plan es del Gobierno del presidente Piñera, sostienen.
El Seremi de Minería a través de un comunicado de prensa indicó que “hasta antes del gas natural, Magallanes se movía a leña y carbón. Hoy, con el proyecto de Minera Isla Riesco el carbón cobra nuevos bríos, como fuente energética satisface mercados muy diversos, pero el más importante lo constituye la generación de electricidad y desarrollo económico”. En voz de Pascual, el Seremi no puede señalar con tanta liviandad que el proyecto cumple con todos los requisitos para funcionar de buena forma, pues aún existen cerca de 300 observaciones al estudio de impacto ambiental presentado por la empresa, cuando aún la Conama no emite un informe final, cuando aún existen dudas y críticas duras al proyectos Isla Riesco.
“Desde nuestro punto de vista pareciera que el Gobierno Regional ha actuado más como lobbista de este proyecto que como responsable de cuidar el medioambiente regional. Pareciera que están más preocupados de facilitar los permisos ambientales de esta empresa que cautelar debidamente la protección de los recursos naturales. Además nos parece sumamente grave que las autoridades de gobierno opinen, emitan declaraciones públicas y pidan en sus propios documentos de trabajo tratos especiales. Cuanto digo documentos especiales me refiero al Plan Magallanes”.
Por su parte el abogado Oscar Gibbons, enfatizó en que la investigación radica en una infracción eventual a la ley orgánica constitucional de bases de administración del Estado.
“Dado que en su articulado contiene prohibiciones a la cual están sujetos los empleados públicos, entre eso es anticipar opiniones, interferir en las decisiones de subalternos in influir de manera directa en decisiones que tienen que tomar nuestras autoridades”.
Agregó que si el Gobierno ya ha indicado que la voluntad es que apruebe sin que previamente se llegue a consideraciones técnicas que deben ser tomadas, implica que en el fondo se está pasando a llevar toda la institucionalidad ambiental.
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