Autoridades cambiaron los límites propuestos en anteproyecto de la administración de Bachelet. En la industria estiman que la regulación es discriminatoria y arbitraria porque deja afuera otras actividades industriales que contaminan el aire.
A medio camino entre las aspiraciones de las empresas y de los grupos ambientalistas quedó la versión definitiva de la norma que regulará las emisiones de las centrales termoeléctricas, que se aprobó la semana pasada y ahora espera la firma del Presidente de la República.
Aunque tras la cancelación del proyecto Barrancones, a fines de agosto, el Gobierno manifestó que los estándares de la norma serían los más rigurosos, el texto final no reflejó dicha intención, pues los márgenes de emisiones para el parque térmico existente -que opera con carbón, diésel y gas- fueron elevados en comparación con el anteproyecto que surgió en la administración de Bachelet.
"Necesitamos duplicar nuestras fuentes de energía durante esta década, pero debemos perfeccionar nuestra legislación ambiental y asegurar la preservación del medio ambiente para el futuro", dijo el Presidente, Sebastián Piñera, a fines de agosto.
Comparado con el anteproyecto, la nueva versión sube los límites de emisión de óxidos de nitrógeno (NOx) y dióxido de azufre (SO2), pero mantiene los del material particulado.
En la práctica, esto supone que las unidades "existentes", es decir, aquellas en operación y las que sean declaradas en construcción antes de este 31 de diciembre, podrán emitir más que lo estipulado en el anteproyecto. En algunos casos (SO2) el doble. Además, en la versión definitiva no hay tope para las descargas de vanadio y níquel. Se mantienen para el mercurio.
Reacciones
Si bien los ambientalistas y la industria eléctrica eran partidarios de regular este tema, el resultado de la norma provocó distintas reacciones.
Paola Vasconi, coordinadora del Programa Medioambiental de la Fundación Terram, asegura que aunque es mejor tener una regulación que no tenerla, objeta la extensión del plazo para adaptar las centrales en funcionamiento. El lapso subió de tres años a cuatro en zonas declaradas latentes o saturadas por material particulado y a 5,5 años en áreas sin restricción.
"El Ministerio de Energía le dobló la mano al de Medioambiente y logró que la norma sea un poco más laxa comparada con la inicial", dijo Vasconi.
El ministro de Energía, Ricardo Raineri, reconoció los intentos de su cartera por lograr una versión "más realista" en términos de los plazos y las exigencias para las unidades en operación.
En el sector eléctrico estiman que la norma es discriminatoria y arbitraria porque regula a esta actividad, que dicen produce sólo el 30% de las emisiones en el país.
Destacan también que los límites son similares a los de la norma europea, pero advierten que el plazo de adaptación es menor a los ocho años previstos en el Viejo Continente.
En la industria estiman que los US$ 1.500 millones que deben invertir para quedar dentro del rango que estipula la norma, más los US$ 2 millones anuales que se elevará la mantención y operación de las centrales, inevitablemente implicarán mayores precios de la energía, que se traspasarán a los clientes.
SUMINISTRO
La adaptación a los nuevos estándares obligaría a detener las centrales entre 60 y 90 días, lo que arriesga el abastecimiento.
US$ 1.500 millones estiman en la industria que costará adaptar el parque termoeléctrico a la nueva norma de emisión.
Los cambios
Hasta ahora, las emisiones de las centrales termoeléctricas no estaban reguladas, y en diciembre de 2009 la entonces Conama, hoy Ministerio de Medio Ambiente, emitió un primer anteproyecto que terminó su trámite con la actual administración.
La semana pasada, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprobó el texto definitivo, que para entrar en vigencia aún debe ser firmado por el Presidente de la República y completar la toma de razón en la Contraloría.
Los límites para las centrales nuevas no cambian entre las dos versiones del texto.
Dióxido de azufre
El anteproyecto de diciembre de 2009 establecía un máximo de 200 miligramos por metro cúbico de aire (mg/Nm3) de dióxido de azufre (SO2), y ahora en la versión definitiva este límite subió a 400 mg/Nm3.
Oxido de nitrógeno
La versión inicial establecía 400 Mg/Nm3 y la modificación del Gobierno elevó este techo a 500 mg/Nm3.
Dióxido de carbono
La norma obliga -tanto a unidades existentes como nuevas- a medir y registrar sus niveles, lo que permitirá mejorar la calidad de los datos para inventariar las emisiones de gases efecto invernadero de la industria eléctrica.
Fuente / El Mercurio
